Mitos y mentiras sobre la Ley contra la Violencia de Género

Las denuncias falsas, la desprotección de los hombres, y la supuesta vulneración de la presunción de inocencia suelen ser las críticas que se achacan a esta ley aprobada por unanimidad en las Cortes en 2004. Expertos y organizaciones disipan las dudas sobre estos aspectos más que polémicos.

Los aplausos estallaban en el Congreso de los Diputados el 7 de octubre de 2004. En el panel luminoso del arco parlamentario, sólo brillaba la luz verde. Fue el día en el que, por unanimidad, los representantes de la ciudadanía aprobaron la Ley integral contra la Violencia de Género impulsada por el ejecutivo del entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El que en aquellos días era el máximo dirigente de la nación, afirmaba con rotundidad que se trataba de un “poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal”.

En España han muerto 40 mujeres víctimas de violencia machista en 2016, una cifra en descenso con respecto a los años anteriores, aunque sólo menos de la mitad de ellas tuvo el valor de denunciar a su agresor.

Doce años después de aquel momento histórico, las agresiones machistas han dejado de ser un tema tabú. Un total de 446.673 mujeres han denunciado a sus parejas o exparejas desde 2007. Sin embargo, en la sociedad hay voces que muestran su desacuerdo con ciertos aspectos de la ley. Hay quien, habiendo leído o no el documento, se hace eco de mitos como el de las denuncias falsas, la supuesta vulneración de la presunción de inocencia y la desprotección de los hombres.

LA DESPROTECCIÓN DE HOMBRES

Todos los ciudadanos están protegidos y amparados por la misma legislación. La Ley integral contra la Violencia de Género no protege a todas mujeres, sino que está especialmente dirigida a aquellas que sufren maltrato por parte de sus parejas o exparejas. El resto de la ciudadanía, está protegida por otras leyes ante cualquier violencia de la que sea víctima.

José Ángel Lozoya, Foro y de la Red Hombres por la Igualdad/ eldiario.es
José Ángel Lozoya, Foro y de la Red Hombres por la Igualdad/ eldiario.es

José Ángel Lozoya, miembro del Foro y de la Red Hombres por la Igualdad, lo deja claro en declaraciones a la-fm.es: “Si una mujer recibe una paliza de alguien que no es su pareja o su expareja no está protegida por la Ley de Violencia de género, sino por la misma ley que protege a cualquier persona agredida por otra, independientemente de su género”.

Lozoya señala que en 2004 todo el arco parlamentario, “desde la extrema derecha a la izquierda”, veía pertinente aprobarla. “Entonces, cuando una mujer iba a denunciar al marido porque la maltrataba desde hacía 20 años, no la creía ni el policía, ni el fiscal, ni el forense, ni el juez, o le preguntaban qué había hecho ella”, recuerda. La ley se erigió como la única forma de obligarles a protegerlas.

Con ella se estableció un mecanismo de discriminación positiva a través del cual, la carga de la prueba no tuviera que ponerla quien acusa sino el acusado, pero “sólo en los casos de la violencia en el marco de la pareja”, puntualiza Lozoya.

Recientemente, de nuevo todos los grupos parlamentarios han aprobado de nuevo por unanimidad: la proposición no de ley que pasa por reformar la ley del 2004 para incluir los ataques a la mujer por el hecho de ser mujer, sea cual sea el ámbito —laboral, social…—. Las violaciones, los abusos sexuales o forzar a una mujer a ejercer la prostitución, serán considerados delitos machistas.

VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Ciertos sectores sociales advierten de que la Ley de Violencia de Género incumple el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en sentencia STC 045/2010 desmontó esta idea. La norma parte de las mismas premisas penales que cualquier otro delito. Si bien es cierto que recoge una serie de medidas judiciales específicas, ineludibles para proteger a las víctimas debido a la naturaleza de estos delitos, tras una denuncia o la constatación de unos hechos, e incluye medidas penales, civiles y de asistencia.

En cualquier caso, como medida preventiva tras una valoración, el sistema judicial establece la orden de protección ante indicios de coacciones basados únicamente en la declaración de la víctima, pero no condena al supuesto agresor. “Y en todo caso, las medidas adoptadas serán levantadas de haber un pronunciamiento absolutorio, por desaparecer los indicios incriminatorios”, argumenta Ana Vidal Pérez de la Ossa, en Documentación Jurídica Penal y Violencia Doméstica en Sepín Editorial Jurídica.

Otras medidas legales concretas similares también se contemplan cuando las supuestas víctimas se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Es el caso de la Ley del Menor. Esta norma también contempla su propia regulación o consideraciones específicas.

DENUNCIAS FALSAS

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, elegido por el Parlamento, –en la actualidad han sido, en su mayoría, escogidos por el Partido Popular—, ha hecho público un informe según el cual el 0,010% de las denuncias por supuestas agresiones machistas son falsas. Es decir, es el delito en el que se interponen menos denuncias falsas. Sin embargo, cuando los medios de comunicación detectan una, “hacen mucho ruido”.

“Aún admitiendo que haya algunas más que las que se demuestran que son falsas –afirma Lozoya–, no es una cantidad significativa como para atacar por ahí. Es un mecanismo de defensa de los acusados. En cambio, sí hay 250.000 mujeres con orden de protección del pequeño número que denuncian al año. En estos casos, el juez o la jueza ha considerado tan evidente el peligro que corren esas mujeres que les han puesto orden de protección”.

En ocasiones, la mujer supuestamente miente para proteger al agresor, según explica Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Carmona destaca que en un estudio aleatorio de casi 500 sentencias, sólo en el 0,4% de las sentencias estudiadas se acordó deducción de testimonio contra la mujer, desmontando así este mito.

Consuelo Abril,  jurista que en su día colaboró en la elaboración de la Ley contra la Violencia de Género, ha insistido en varias ocasiones en que ahondar en las denuncias falsas no beneficia a la causa: “Ya se ha aireado excesivamente para el problema que es, prácticamente inexistente”. Calificaba a las mujeres que realizan ese tipo de prácticas “como unas mentirosas”, pero el hecho de presentar una denuncia no significa que vaya a prosperar y ha asegurado que “es muy difícil conseguir una orden de alejamiento y cada vez se están produciendo menos”.

En una entrevista que concedía a lavozdelsur.es, no esquivaba el hecho de que también hay hombres maltratados los cuales no se atreven a denunciarlo, a lo que respondía que “la maldad no tiene sexo, pero no es lo mismo el empresario que el trabajador porque tiene más debilidad el trabajador, es decir, la mujer que el hombre. No es que las mujeres seamos mejores que los hombres sino que estamos en una posición diferente, somos un colectivo más vulnerable”.

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Uno de los actos celebrados en 2016 por Marea Violeta Jerez/ La-fm.es
Uno de los actos celebrados en 2016 por Marea Violeta Jerez/ La-fm.es

En el capítulo II de esta ley se hace alusión a cómo se debe tratar la violencia de género en los medios de comunicación. Desde órganos como los Consejos Audiovisuales y plataformas en pro de la igualdad y contra la lacra machista alertan de que los medios no se enfrentan a este tema con la correcta sensibilidad.

“Parece evidente que, tanto la percepción social como mediática de la violencia de género, parte del prisma machista consistente en etiquetar a las mujeres en base a estereotipos muy arraigados socialmente; las mujeres somos consideradas generalmente como malas o vengativas: Las mujeres nos enfrentamos a la violencia de género bajo la presunción social de la sospecha. Mientras todo esto sucede, hoy contamos más de 35 asesinadas a manos de sus parejas”, lamenta la Plataforma contra la Violencia Machista de León.

Todos los agentes sociales coinciden en que la clave para erradicar esta lacra es la pedagogía y abastecer a la ley de recursos suficientes para su cumplimiento, pues continúa faltando una adecuada formación y sensibilización de los operadores jurídicos, así como de los profesionales implicados en la tarea de prevenir, detectar, atajar y dar solución a los casos de violencia de género.