La Junta reparará el ascensor averiado del bloque 3 de la barriada del Mopu

La administración andaluza reclamará el pago a los vecinos morosos, la gran mayoría de este bloque, donde sólo 5 residentes están al día en las cuotas de la comunidad

La Consejería de Fomento y Vivienda asumirá la reparación del ascensor del bloque 3 de la barriada de la Constitución, en Jerez de la Frontera, pero reclamará el pago del importe de dicha intervención a los vecinos morosos, que con sus cuotas de comunidad, tienen la responsabilidad sobre el mantenimiento y conservación de los servicios comunitarios del edificio.

Sólo 5 de los 34 del bloque están al día con la comunidad, de tal forma que la deuda por impago se eleva a más de 10.000 euros. La comunidad de este bloque tiene además con la empresa que se ocupa del mantenimiento del elevador una deuda de 5.000 euros, motivo por el cual ahora se le niega la reparación de la avería que mantiene parado el ascensor.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está colaborando con la comunidad de vecinos para encontrar una solución a esta situación, con gestiones como la reclamación del pago de la deuda a las entidades bancarias que en su día embargaron a los propietarios de dos de las viviendas, que deben entre ambas 2.400 euros a la comunidad. Pero mientras esas gestiones dan fruto, la Consejería de Fomento y Vivienda ha decidido actuar, acometiendo la reparación del ascensor, a la que no obstante deberá hacer frente la comunidad cuando consiga liquidez.

Además, la AVRA está poniendo en marcha expedientes monitorios para reclamar judicialmente a los inquilinos con morosidad muy alta el pago de las deudas contraídas en concepto de renta, incumpliendo con ello claramente los términos del contrato de alquiler de sus viviendas. Se han abierto dos procedimientos judiciales, uno de los cuales ya está archivado al haberse liquidado la deuda reclamada.

27 bloques de la barriada del Mopu son propiedad de la Junta 

El bloque 3 de la barriada de la Constitución, también conocida como del Mopu, tiene 34 viviendas, de las que siete son de titularidad privada y las 27 restantes, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que tiene esos inmuebles arrendados. Sus inquilinos tienen la obligación de abonar las rentas, que se sitúan entre 16 euros las más bajas y 63 euros las más elevadas, y también las cuotas de comunidad, según se establece en los contratos de arrendamiento que en su día firmaron con la Administración.

Sin embargo, la morosidad es muy elevada, tanto en rentas como en comunidad. En el caso del bloque 3, la consecuencia es la imposibilidad de hacer frente a los gastos que genera el mantenimiento de servicios comunes, como los ascensores.

La barriada de la Constitución de Jerez, con 500 viviendas repartidas en 15 bloques, ha sido objeto, en los últimos años, de numerosas obras ejecutadas por AVRA para mejorar la calidad de vida de las familias que residen en ella. En el año 2006, la Consejería de Fomento y Vivienda destinó casi un millón de euros a la renovación de los dos ascensores de cada bloque.

Tras esa actuación, sólo se puso en funcionamiento un ascensor por edificio, ya que la comunidad de vecinos no quiso asumir los costes de mantenimiento del segundo elevador, quedando éstos instalados pero inactivos ya que sin contrato de mantenimiento, Industria no otorga autorización para su puesta en servicio.

Desde 2013, la Junta ha destinado otros 250.000 euros a esta barriada para arreglo de cornisas y fachadas y reparaciones de varias de sus instalaciones. La última reparación realizada en el bloque nº 3 tuvo lugar en el primer trimestre de este año sobre una instalación que a los dos meses había sido destrozada.

Los vecinos de la barriada de la Constitución tienen repercutido en sus recibos el Impuesto de Bienes Inmuebles de sus viviendas, dado que el Ayuntamiento no atendió en su día la solicitud de bonificación del 95% de dicho tributo solicitada por AVRA cuando al frente del gobierno local se encontraba el Partido Popular. Esa bonificación se ha vuelto a solicitar ahora, al actual equipo de gobierno, para que se pueda aplicar en 2018.