España, ese Estado social y de derecho

“España, ese Estado social y de derecho”. Así reza el artículo 1 de nuestra constitución. Esa a la que se agarran quienes nos gobiernan, apoyándose en un tribunal que ellos mismos han elegido por afinidad política. Sobre todo, cuando quieren declarar la inconstitucionalidad de las leyes que salen de parlamentos autonómicos que ellos no controlan. Incluso la aplicación, a nuestro juicio inconstitucional, para intervenir autonomías díscolas. Cuando le reforman artículos, como el 135 para poder “legalmente” robar, vía recortes, derechos sociales esenciales para la ciudadanía, primando el pago de una deuda ilegítima, contraída, en muchos casos con objeto de engrasar la puerta giratoria de turno, por la que transitan exministros y altos cargos de los gobiernos del turno.

Una ristra de incumplimientos constitucionales flagrantes se nos vienen a la mente, a medida que se analiza el panorama político-social. No cansaré al lector con el enunciado de artículos numerados, pero me gustaría dejar claro que quienes se autodenominan constitucionalistas son, en realidad, quienes dictan normas que atentan contra “la carta magna” en leyes como la llamada “Mordaza” (que otorga mayor valor al testimonio de un agente que a cualquier ciudadano), o el hecho de que el jefe del estado no lo sea por elección contradice claramente aquello de que “todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley”.

Una ley electoral blindada en la Constitución, aparte de ser una anomomalía en el constitucionalismo europeo, que es casi irreformable, en la que unos votos valen más que otros, según que circunscripción se ejerzan. Otros ejemplos claros de incumplimientos en este sentido; cuando se habla de artículos de calado social, de derecho a vivienda, trabajo digno, recursos del país supeditados al interés general, etc… también son hurtados a la ciudadanía, por gobiernos que han hecho de privatizar y recortar estos derechos su “modus operandi” como comités de administración al servicio de los poderosos. “Todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades al sostenimiento del estado” lo cual hacemos religiosamente los y las que tenemos una nómina o un pequeño comercio, mientras el Ministerio de Economía aplica amnistías fiscales declaradas inconstitucionales por su propio tribunal constitucional.

Curiosa denominación de “constitucionales”, los que se envuelven en la bandera y utilizan la Constitución de manera interesada en beneficio propio y de unos cuantos poderosos, mientras despojan al pueblo de sus derechos. A todos ellos y su trama mediática económica y gubernamental nuestra oposición y más profundo desprecio.