Otro nuevo desalojo deja a diez familias de la Corrala de San Antón sin casa

Desde el Gobierno de Sanlúcar han asegurado que llevan desde 2016 trabajando para solucionar esta situación
Desalojo en la Corrala de San Antón. Foto: @IUSanlúcar

El pasado martes, la ciudad de Sanlúcar vivió un nuevo episodio dramático, con el desalojo de diez familias de la Corrala de San Antón, situado junto a la Comisaria de la Policía Nacional, entre ellos diez menores y una mujer embarazada.

El cumplimiento de una orden judicial propició el desalojo de estas familias, algunas de ellas en riesgo de exclusión social y que cuentan con expedientes en la Oficina de la Vivienda de Sanlúcar. Unas viviendas que son de titularidad privada, ya que pertenecen a Banco Popular.

Tanto Izquierda Unida como Podemos han mostrado su rechazo a estos desahucios y a que el Gobierno socialista no lo haya evitado. “Desde IU Sanlúcar lamentamos que el Equipo de Gobierno del PSOE de Víctor Mora nada ha hecho por paralizar este desalojo y que nada ha hecho por ofrecer una vía de solución habitacional a estas familias, que los informes sociales detectan que están en exclusión social”, han expresado en una nota de prensa.

Sensación similar a la indicada desde Podemos, quienes han transmitido que “un alcalde ha de estar junto a su pueblo, y no de espaldas a su gente. No puede esconderse tras las paredes de un despacho. Ha de defender los intereses de su ciudadanía por encima de los intereses de los grandes especuladores y los poderes económicos que pisotean los derechos humanos”.

La formación de Izquierda Unida ha recordado que el Ayuntamiento, a través de esta oficina de Vivienda “debe implicarse directamente en las negociaciones con los bancos y ha de bonificar los alquileres sociales cuando las familias no tengan ingresos. Todo ello valorado desde los asuntos sociales”, y han apostado por evitar, mediante la intermediación, que se desahucie a personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas. “No intervenir sólo cuando el desahucio se ha producido o está a punto de producirse y máxime si se han agotado todas las vías legales para impedir el desalojo y no se ofrece por parte del ayuntamiento una solución habitacional”, han reiterado.

Desalojo en la Corrala de San Antón. Foto: @IUSanlúcar

El Ayuntamiento trabaja en este caso desde 2016

Fuentes cercanas al Gobierno de Sanlúcar han indicado a este medio que desde 2016 se lleva trabajando en este caso, intermediando entre los afectados y la entidad bancaria para tratar de conseguir un alquiler social adecuado al nivel de ingresos de estas familias, sin embargo ésta opción no pudo materializarse debido a un procedimiento judicial abierto por los propietarios originales de las citadas viviendas. Un expediente que este martes se ejecutó finalmente por orden de un juez.

Desde el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa alrededor de 50 acciones para tratar de paliar la situación de estas familias, sin embargo, han asegurado que los ocupantes de estas viviendas decidieron no acogerse a ninguna de las opciones puesta sobre la mesa.

El Gobierno ha activado el protocolo de emergencia tras este desalojo, pero las familias afectadas “siguen sin aceptar opciones”.