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Ya hay fecha para que comience el juicio de la pieza separada del Ayuntamiento de Jerez del caso Gürtel. Será el seis de mayo cuando la Audiencia Nacional comience a dilucidar si el Gobierno de Jerez adjudicó contratos a empresas del entorno de la conocida trama Gürtel sin publicidad y sin concurso público. Están acusados varios empleados municipales y los máximos dirigentes de esta trama criminal a nivel nacional. Lo que comienza ahora es la vista oral que se alargará hasta julio.

Los presuntos hechos ocurrieron en 2004 cuando el Ayuntamiento de Jerez contrató a estas empresas el montaje del stand de Jerez en la Feria Internacional del Turismo de Madrid de ese año, además de la organización de un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el céntrico parque del Retiro de Madrid, además del tradicional espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor. Aunque los hechos ocurrieron hace ya 14 años, no comenzaron a investigarse hasta 2015 cuando el Tribunal Supremo asumió la causa contra la ex alcaldesa María José García Pelayo al estar aforada por su condición de senadora. El Supremo sobreseyó la causa contra la ex regidora jerezana ya que no había indicios suficientes de responsabilidad penal en la actuación de Pelayo en este caso.

El alto Tribunal investigará a fondo los contratos que otorgaron 355.000 euros a tres empresas vinculadas al entorno de Francisco Correa a través del desaparecido Instituto de Desarrollo de la ciudad. Unas contrataciones que, según el escrito de acusación, se realizaron “mediante groseras ilegalidades” y a posteriori de la prestación de los servicios. El Supremo solicita siete años por prevaricación, falsedad en documento público y fraude para las administraciones públicas para cuatro trabajadores municipales. Mientras, a otra trabajadora municipal le reclama dos años de cárcel por prevaricación y fraude a las administraciones públicas. Por su parte, el ministerio fiscal reclama siete años y nueve meses a Francisco Correa y Pablo Crespo por presunta prevaricación, falsedad por funcionario público y fraude a las administraciones públicas en calidad de cooperador necesario, y falsedad en documento mercantil.

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