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El Tribunal Supremo ha anulado este pasado martes el método que habían avalado tres sentencias, que los bancos, y no los clientes, son quienes deben pagar el impuesto de las hipotecas. Los jueces del Pleno de lo Contencioso-Administrativo han acordado por 15 votos a 13 que sean los clientes quienes hagan frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los bancos. “Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria”, explica el concejal de IU Fernando Cabral.

Para Cabral, “los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas”. Añade, además que “los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”. Por ello, desde Izquierda Unida apuestan por “un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada”. Asimismo, afirman que, “es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública”.

“España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública”, comenta IU mediante un comunicado de prensa. En otro países como por ejemplo, Alemania, “la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24% y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización”. Hasta el propio Banco Mundial, en su informe ‘Repensando el papel del Estado en las finanzas’, mencionaba “el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito” o “la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”, señalan en la nota.

“Es por ello que desde IU Sanlúcar llevamos a pleno esta moción para que el pleno de Sanlúcar se posicione a favor de mostrar el rechazo de este Pleno a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia nº 1505/2018 relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Y en un segundo acuerdo para que el PSOE de Víctor Mora inste al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública, paralizando la venta de Bankia, y dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta banca pública a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo”, ha ultimado Fernando Cabral.

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