Las asociaciones y federaciones AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P.), muestran su gran preocupación ante la recta final de la tramitación del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en el Congreso, una decisión política y legislativa que puede finiquitar la producción independiente de España.
El próximo jueves 19 de mayo la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital votará las enmiendas a la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) antes de llegar al Senado, donde sería aprobada definitivamente. Desde P.A.P. alertan de que es la última oportunidad para que aquellos partidos políticos que no han presentado enmiendas a la definición de productor independiente, que recoge la LGCA en el artículo 110, apoyen las enmiendas que sí han presentado los grupos políticos PDeCAT, UPN, BNG y Más País en las que quedan recogidas las peticiones de P.A.P., y también las propuestas de Podemos y EH Bildu.
La definición de productor independiente sólo afecta a la obligación de la inversión del 5% por parte de los prestadores de servicio audiovisual privados, en ningún caso a la totalidad de inversión de cada prestador, que puede aplicar el 95% restante según sus propios criterios de negocio. Una cifra de obligación, por cierto, muy por debajo de la de los países vecinos.
P.A.P. denuncia que determinadas entidades del sector pretenden, atendiendo a sus propios intereses, desviar la atención de la independencia de la producción a una cuestión de tamaño de la empresa, cuando en absoluto es el reflejo de la realidad, ya que también existen empresas independientes grandes y, por el contrario, empresas dependientes pequeñas.
La importancia de que los organismos públicos apuesten por una cantidad mínima de producciones independientes radica en que así se garantizará el patrimonio futuro del audiovisual español, la renovación generacional y, en definitiva, una industria sana y competitiva.
Desde P.A.P. aclaran que esta batalla no es una guerra entre dependientes e independientes, sino una cuestión de regular el ecosistema para que todas las productoras tengan cabida, e igualar fuerzas en el mercado para velar por la supervivencia de todos, grandes y pequeños, dependientes e independientes.
La obligación impuesta en España es mínima con respecto a la de los países vecinos y constituye un punto clave para fomentar la producción independiente. Asimismo, la definición de productor independiente quedaría totalmente desdibujada si cualquiera puede entrar a formar parte de la misma.
