Las asociaciones y federaciones AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P.) vemos con desolación que el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que ha sido enviado al Congreso no responde a las necesidades del sector, no fomenta su consolidación y crecimiento, abandona a su suerte a una industria cultural estratégica como es la producción audiovisual independiente y tampoco responde al espíritu de la directiva europea que busca proteger la industria propia. En ese sentido, los productores independientes no podemos sino sorprendernos por las palabras de la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el sentido de que con esta Ley se habría conseguido “un equilibrio con el sector audiovisual” ya que no vemos recogida en ella ni una sola de las alegaciones que hicimos a lo largo de los dos procesos de audiencia pública previos.
El eje central de las demandas de P.A.P, la defensa de la producción independiente, no es tenido en cuenta en el texto que el Gobierno propone al Congreso olvidando su contribución al país, desprotegiéndola y condenándola a una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que laminará la propiedad intelectual de las producciones que se hayan realizado aquí, empobreciendo su Patrimonio audiovisual.
Es necesario aclarar, que la defensa del productor independiente que realiza P.A.P. surge de la necesidad de permitir la convivencia entre productoras independientes y las grandes plataformas, estudios o productoras extranjeras que optan por rodar o postproducir en España. Esta convivencia entre los dos tipos de producciones -la independiente y el service– ha sido y sigue siendo extremadamente positiva y enriquecedora, contribuyendo a dotar de más peso al sector audiovisual español y a crear un tejido industrial más competitivo.
Este proceso de convivencia lleva años avanzando y las grandes cadenas e inversores extranjeros han ido haciéndose con la producción, los derechos y a menudo con la misma propiedad societaria de importantes productoras que en su día fueron independientes y ahora son instrumentos de los proveedores de contenidos.
Precisamente uno de los puntos más preocupantes del texto es la confusión entre las productoras realmente independientes y las que la ley permite pasar por tales cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de TV, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales.
Como han señalado incluso otros agentes del sector, como la unión de Televisiones Comerciales en Abierto UTECA, el pretendido apoyo del proyecto de ley a la producción independiente se traducirá en que las beneficiarias serán multinacionales propietarias de productoras que a causa de la mala redacción del proyecto pasarán ahora por independientes.
Las productoras verdaderamente independientes, aquellas que no hemos sido controladas comercial o empresarialmente por prestadores de servicios audiovisuales y que sí tenemos nuestro capital social dentro de la Unión Europea, nos vemos así ignoradas y desprotegidas.
Las productoras independientes constituimos un segmento estratégico dentro del mundo audiovisual que requiere que las Administraciones actúen consecuentemente ya que un país que no defiende a sus empresas ni crea industria ni cultura aboca a su propio sector audiovisual a la dependencia exterior, tanto en los aspectos creativos como comerciales y empresariales, dejando en manos de las grandes compañías suministradoras las decisiones sobre el futuro audiovisual de nuestro país.
En la propuesta de Ley, tampoco vemos que queden reflejados otros pilares básicos para el buen desarrollo de nuestro sector como son la diversidad cultural (géneros audiovisuales, lenguas cooficiales) y las obligaciones correspondientes para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que dirijan sus servicios al mercado español, sea cual sea su país de establecimiento.
Al mismo tiempo, se está hablando de unas aportaciones económicas de las cuales desconocemos a que partida presupuestaria corresponden y nos preocupa enormemente que se pretendan sacar de una dotación del ICAA que ya está por debajo de las necesidades del sector.
Vista la atención del Gobierno hacia nuestro sector, apelamos a los Grupos Parlamentarios y confiamos en que la tramitación de la Ley permita corregir estos errores. Nos preocupa que la enorme atención pública que está despertando la polémica sobre los porcentajes exigibles de lenguas autonómicas sirva para enmascarar el enorme daño que esta ley puede hacer al sector de la producción audiovisual independiente sea esta en Catalán, Euskera, Galego o Castellano.
