Desahuciadas ocho familias de Monteolivete sin notificación previa

María José Romero
Sanlúcar
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Pie de foto: Desalojo de la barriada de Monteolivete en Sanlúcar. Foto: IU Sanlúcar

Este miércoles pasado ha sido una “jornada triste” en Sanlúcar de Barrameda. Ocho familias de la barriada de Montiolivete fueron desalojadas de sus viviendas “por sorpresa y sin notificación previa”, según denunciaba ayer en el programa de ‘La Tribu’ de LaFm, Carmen Álvarez, concejal de Izquierda Unida Sanlúcar.

Hasta la zona se han desplazado una veintena de agentes de la Policía Nacional, “antidisturbios”, según Álvarez, para llevar a cabo la ejecución de desahucio.

Tras el desalojo, el Ayuntamiento Local ofreció a estas familias, algunas con menores a cargo, trasladarse a un albergue de El Puerto de Santa María para no quedarse en la calle, sin embargo Izquierda Unida ha denunciado que a quienes aceptaron esta estancia alternativa no se le pagó el billete de autobús hasta la ciudad portuense.

“Desde la oficina de la Vivienda no se le ha dado una solución habitacional para estas familias, tres de ellas en exclusión social”, ha denunciado la concejal de IU Sanlúcar.

 

La formación de izquierdas ha recordado que el Pleno Municipal acordó -mediante acuerdo unánime- declarar Sanlúcar como “ciudad libre de desahucios”, una situación que ayer no se cumplió con el desalojo forzoso de estas familias sanluqueñas.

Carmen Álvarez ha insistido en establecer un protocolo de actuación en la que el Ayuntamiento compruebe si se dan casos de personas expulsadas contra su voluntad por cualquier procedimiento no ajustado a derecho, evitando situaciones de este tipo, o en su caso ofrecer una alternativa de alojamiento provisional para que las familias en riesgo de exclusión “no se queden sin techo, máxime si en la unidad familiar hay menores de edad”.

La edil ha puesto el foco de atención en las políticas de vivienda del alcalde de la ciudad, Víctor Mora, quien en 10 años “no ha construido una sola vivienda social en la ciudad y ha disuelto la empresa municipal de viviendas EMUVISAN despidiendo a sus trabajadores”.

En Izquierda Unida han abogado por buscar soluciones “inmediatas” a estos desahucios que no consistan en trasladar a las familias afectadas hasta un albergue gestionado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María “como única alternativa a dormir en la calle”.

Las viviendas de donde fueron desalojadas estas familias, son propiedad de La Caixa.

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